En realidad se trata de concretar un modelo incipiente que ya era objeto de pruebas y que se consolidará oficialmente con la habilitación del nuevo contrato que sin ser de riesgo compartido como sucede todavía en el caso de Mina Bolívar o el sistema de arriendo en Porco y el que regía igualmente hasta la nacionalización en Colquiri, el nuevo será de asociación con una participación del 55 por ciento del Estado a través de la Comibol y el 45 por ciento restante para la empresa Sinchi Wayra, que desde la nueva operación se denominará Illapa y seguirá siendo subsidiaria de la suiza Glencore.
El ejecutivo de la Comibol Edgar Pinto, confirmó la aplicación del nuevo modelo ajustado a las nuevas reglas de juego que se aprobarán en la Ley Minera, que por lo visto tendrá ésta característica del dominio porcentual sobre la empresa que admita asociarse bajo esas condiciones.
Illapa, es la razón social para el contrato de la nueva asociación, facilitará a la empresa Sinchi Wayra el desarrollo de otras operaciones, bajo ese registro, él mismo que además permitirá el cierre legal de sus operaciones en la modalidad que se mantiene desde el año 2005 cuando comenzó a trabajar luego de alcanzar un acuerdo con la entonces Comsur.
Entre algunas de las características de la nueva operación, el ex ministro de minería y ahora director de Comibol, José Pimentel, aclaró que según la modalidad del nuevo contrato la empresa privada pone el capital de operación de carácter productivo, sin que lo aclare el ex ministro se sobrentiende que la Comibol pone el yacimiento, lo que se establecería una figura de funciones que implica disponer del capital y la otra de "bienes minerales".
En todo caso no se ha definido aún la suscripción del "contrato – modelo", Sinchi Wayra realiza consultas con la Glencore y en el caso nacional, por supuesto que no hay seguridades plenas sobre la aplicación de ciertas normas que se supone, pero nada más, se incluirán en la nueva Ley Minera, normativa que sigue en tratamiento y no se sabe por qué tiempo más, aparte de otro periodo que demorará en su consideración en la Asamblea Legislativa, donde se supone todavía habrán observaciones de fondo y forma para que el nuevo instrumento rector de la actividad minera, sirva para mejorar esta importante actividad productiva y no ahuyente a los grandes inversionistas mineros, que entre otras cosas están pendientes de conocer detalles para compararlos con las normativas que rigen en países vecinos, donde predominan las seguridades y garantías de inversiones pero además reglas competitivas de orden tributario e incentivos para el establecimiento de capitales y transferencia tecnológica.
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